El enfrentamiento entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno Central ha llevado a Soraya Sáez de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, ha llamar a la guerra a un nuevo personaje político: Enric Millo. Enric Millo ha sido nombrado Delegado del Gobierno de España en la Comunidad, para sustituir a María de los Llanos Luna. Fue nombrado en el Consejo de Ministros de viernes 18 de noviembre y tomó posesión del cargo el pasado lunes 21 con la presencia de Soraya Sáez de Santamaría, la persona designada por el PP para atajar el pròces independentista.
¿Quién es Enric Millo?
Enric Millo era hace una semana vicesecretario de Acción Política del PP Catalán y presidente del Partido Popular en Gerona. También era parlamentario y portavoz de los “populares” en el Parlamento de Cataluña. Es un personaje interesante si atendemos su currículum vitae. En 1995 empezó su carrera como parlamentario, pero en otro partido. Más concretamente en Convergencia y Unió, en representación de la casi desaparecida Unió Democrática de Catalunya (UDC). Hasta 2003, nada menos que 8 años, fue parlamentario por ese partido. Eran otros tiempos.
Se pasa al PP cuando en UDC no le situaron en las listas al Parlamento en el 2003. Podríamos decir que en el 2003 no había confrontación tan directa del PP con la “Generalitat” y menos aún con Unió, que siempre se había considerado un apoyo para el Gobierno Central en las relaciones bilaterales entre ambas administraciones. Este paso al PP podría ser comprensible de algún modo a no ser por las declaraciones de Joan Puigcercós, antiguo dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), quien aseguró que Millo también había contactado entonces con su formación, ideológicamente contraria a las propuestas políticas de su antiguo partido.
¿Por qué han nombrado a Millo?
La estrategia de Soraya Sáez de Santamaría pasa por reactivar la figura del Delegado del Gobierno en Cataluña con nuevas atribuciones que le permitan tomar parte activa en la gestión política del enfrentamiento entre ambas administraciones. El objetivo es establecer un puente entre Generalitat y Administración Central, un cauce de comunicación más directo. Se trata de un cierto cambio de actitud ante los desafíos independentistas; o el comienzo de un deshielo, según algunos medios de comunicación.
“Hemos abierto una etapa. Esta casa estará abierta a todos y es el Gobierno de España en Cataluña y para los catalanes. Y vendremos mucho para temas muy fructíferos. Enric Millo es hoy ya una pieza clave en este engranaje”. Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
“Esta nueva etapa la hemos de construir desde el diálogo y la búsqueda constante y permanente de entendimiento, así como desde la cooperación sincera y respetuosa con las otras administraciones”. Enric Millo, nuevo delegado del Gobierno en Catalunya
A los delegados del Gobierno en Cataluña se les ha considerado usualmente los “convidados de piedra”, pues sus labores no se extendían hasta ahora más allá de las puramente administrativas que otorga la letra de la ley.
¿Qué piensan los independentistas de este nuevo movimiento del Gobierno?
Los soberanistas, y al frente de ellos Carles Puigdemont, Presidente de la Generalitat, miran con desconfianza el nombramiento al mismo tiempo que esperan “que sí haya cambios, sobre todo en lo que respecta al diálogo”. Esto es lo que ha afirmado Neus Munté, consejera de Presidencia, convencida de que eso “no sería muy difícil” teniendo en cuenta las etapas anteriores.
En cualquier caso, para que ese deshielo se realice, el Gobierno de la Generalitat ha exigido la atención de 46 puntos agrupados en 4 bloques:
- (La mal-llamada) Relación Catalunya-España: exigen al Gobierno atender a la mayoría de catalanes que votaron a los políticos partidarios de la independencia, cubrir esas “aspiraciones democráticas”, como mínimo, con la celebración de un referéndum vinculante.
- Garantía de los derechos sociales: exigen al Gobierno una mejora de la financiación para atender a la ley de dependencia (cancelada progresivamente por el Partido Popular), también para financiar el sistema público de salud y la marcha atrás en la suspensión del decreto de pobreza energética por parte del Tribunal Constitucional (TC). Proponen renovar el modelo de financiación y el mejor reparto del objetivo del déficit entre Estado Central y Comunidades Autónomas. Por último reclaman que el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) sea a un tipo de interés 0.
- “Incumplimientos con el estado”: respeto al modelo de la escuela catalana, descentralización de la gestión, 0,7% del IRPF para fines sociales y las becas universitarias, la mejora de la inversión en infraestructuras ferroviarias y de carreteras… También está sobre la mesa el antiguo Plan Hidrológico Nacional… y los famosos “papeles de Salamanca”, que siguen siendo, desde antes del “pròces”, una espina entre ambas administraciones.
- “Evitar la judicialización de la política“: algunos han pedido históricamente la “despolitización de la justicia” y otros, como los soberanistas, piden la “desjudicialización de la política“. Esto es resultado de los más de 200 contenciosos que tienen abiertos los juzgados contra ayuntamientos y personalidades públicas de Cataluña. Exigen que se cierren todos los procesos para que pueda abrirse un diálogo sin el “ataque judicial injusto” al que se ven sometidos, en opinión de los independentistas.
Los últimos movimientos de la Justicia contra el proceso independentista
En los últimos días hemos conocido la sentencia del Tribunal Supremo por la que el juez en excedencia Santiago Vidal, senador de ERC, ha sido a su vez suspendido por tres años de la carrera judicial. El motivo es haber participado en la redacción de un borrador de Constitución Catalana. Es comprensible la condena, muy laxa ciertamente, al tratarse de un acto presumiblemente de rebelión contra las leyes vigentes y contra la unidad de España por parte de un magistrado. Por otra parte, el castigo implica también la pérdida de su plaza en la Audiencia de Barcelona, por lo que si el juez, de 62 años, volviera a la carrera una vez cumplida su pena, tendría que concursar por un nuevo destino.
Por otra parte, ayer se conoció que el Congreso de los Diputados aprobó el suplicatorio de Tribunal Supremo por el cual se le permite procesar a Francesc Homs, diputado de la cámara y portavoz del grupo independentista catalán. La causa de este procesamiento es la consulta del 9N y su promoción desde instituciones políticas de la Generalitat. Los delitos de los que se le acusan son de desobediencia y prevaricación, que le podrían conllevar inhabilitación para ejercer cargo público.
También está siendo investigada y procesada la presidenta del Parlamento regional, Carme Forcadel, citada para el próximo 16 de diciembre por la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), María Eugenia Alegret. Ha sido citada también por los delitos de desobediencia y prevaricación, como Francesc Homs. El motivo de la citación de la presidenta de la cámara autonómica es si desobedeció al TC al permitir que el “Parlament” votara la hoja de ruta independentista del pasado julio. Tras la votación, el Constitucional consideró que “la actuación de la Presidenta del Parlamento permitiendo que se votase en el Pleno la alteración del orden del día solicitada por dos grupos parlamentarios”, la CUP y Junts pel Sí, para que se votasen las conclusiones de la comisión sobre el proceso constituyente es “un incumplimiento objetivo de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandatos” del tribunal.
A esto hay que añadirle los 200 contenciosos que ya hemos mencionado anteriormente contra ayuntamientos de Cataluña por secundar resoluciones del Parlamento catalán con respecto al “pròces” independentista. En realidad, desde el ejecutivo que preside Puigdemont apuntan a que “si Millo quiere restablecer la normalidad, debe retirar los más de 200 contenciosos que hay interpuestos contra ayuntamientos catalanes por cuestiones soberanistas. Y algunos de estos contenciosos han sido interpuestos por cosas tan nimias como haber discutido o aprobado una simple declaración. Si el nuevo delegado del Gobierno o la vicepresidenta española hablan de mano tenida y de entendimiento, que empiecen por retirar los contenciosos”. El deshielo que el Gobierno español pretende, pues, está, de momento, congelado en el frigorífico judicial, según fuentes oficiales.