El juez Eloy Velasco ha ordenado la detención de Ignacio González, llevada a cabo por la Guardia Civil, en el contexto de la operación Lezo. En esta operación se investiga una “organización criminal” en la administración autonómica madrileña para desviar fondos públicos para el enriquecimiento personal y realizar tráfico de influencias. A González se le acusa de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, fraude a la Administración, blanqueo de capitales y pertenencia a una banda organizada.
El juez, tras estudiar cientos de horas de grabaciones, sitúa a González como líder de la red corrupta que cobraba comisiones millonarias a cambio de contratos del Canal de Isabel II y compra de sociedades en Hispanoamérica. Ignacio González, antes de ser Presidente de la Comunidad de Madrid (2012 – 2015), fue Presidente de la empresa pública hoy investigada por la Justicia –El Canal Isabel II– durante 9 años. La época del PP madrileño sigue desmitificandose con numerosos casos de corrupción. Esperanza Aguirre ya no es la –para algunos heroica– “Thatcher española” ni Ignacio González, su discípulo fiel, continuador de su obra.
Esta organización criminal no sólo implica a Ignacio González, sino a varias personas de su entorno. Un ejemplo es como se está investigando a Pablo González, hermano del detenido y directivo de la empresa pública Mercasa, del que sospecha que ha sido el testaferro de la trama.
Se han registrado las propiedades de Ignacio González y la sede central del Canal Isabel II, para sustraer documentos o pruebas que atestigüen la implicación de González y de más actores en la red. En cualquier caso, la Fiscalía Anticorrupción considera probado el enriquecimiento ilícito de González y va a pedir prisión permanente para Él. Para empezar ha pasado la noche en los calabozos de la Unidad de Detenidos de la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos.
La ética social frente a los casos de corrupción
Actualmente, partidos políticos y medios de comunicación se están sumando al linchamiento público de González y Aguirre. Hay un interés muy claro en destruir a estos elementos del viejo PP. De hecho, El PAÍS ya sitúa a Cifuentes como la gran colaboradora de la Justicia en este caso, seguramente con la intención de lavar sus manos. Ciudadanos ha aprovechado la corrupción para aparecer en la vida pública, ya que su fracaso electoral le sitúa siempre en un segundo plano menos cuando se habla de imputaciones y escándalos políticos. Para Podemos, la detención es una oportunidad más para organizar su bronca política con el objetivo claro de la revolución bolivariana… Para los periódicos, lo importante son las exclusivas y se contagian unos a otros con la cloaca PP. Se ha generado una expectación fortísima en torno a este tipo de detenciones, imputaciones…
No obstante, para Ahora Información, el juicio de una persona o de una organización criminal debería realizarse en los tribunales y no por los agentes sociales. Creemos en la presunción de inocencia a la vez que reconocemos una Justicia que sirve al Poder y no a los españoles. En cualquier caso, ni la situación es crítica, porque podemos confiar en muchos de los magistrados, y tampoco la sociedad está en la posición de trasladar ese poder a una instancia mejor. Por tanto, confiar en los tribunales, estar atentos al proceso y respetar los derechos de la sociedad y de los acusados forma parte de mantener sana la vida social. Tenemos que estar alejados de la enfermedad de chisme, para recuperar el temple institucional y espiritual de la España Tradicional.