El Gobierno de la Generalidad de Cataluña evaluará el trabajo de sus empleados públicos

El Gobierno de la Generalidad de Catalunya ha puesto en marcha una medida interesante. No porque vaya a aplicarse bien o porque sea perfecta, sino porque empieza a poner en duda la insostenible situación de las administraciones de las Comunidades Autónomas y también la del Estado.

El Ejecutivo catalán quiere poner en marcha un plan de evaluación para cada uno de los empleados públicos y de cómo trabajan, cuyos resultados serán confidenciales, pero que permitirá extraer información de cómo funcionan los diferentes equipos de la administración. El empleado público firmaría un documento pactado con su superior con una serie de objetivos que deberían cumplirse en los siguientes 6 meses de actividad. Una entrevista personal culminaría el proceso, para valorar el desempeño de las labores y cómo se ha adecuado con respecto a los objetivos propuestos.

Este mecanismo para valorar a los trabajadores del sector público permitirá también –en teoría– valorar las diferentes competencias que los organismos públicos tienen y a los diferentes cargos dentro de una administración. La racionalización del gasto público y la eficiencia de los recursos que aportan los contribuyentes podría ser posible si se demuestra que el trámite resulta eficaz. La Escuela de la Administración Pública de Cataluña, el Museo Nacional (¡Ojo!) de Arte de Cataluña y la Intervención General de la Generalidad serán los responsables del testeo de la evaluación.

Otro rasgo original y positivo de la medida –al menos sobre el papel– es que se organizarían diferentes planes personalizados para cada empleado público para mejorar su trabajo.

El peligro de la medida

El problema en que esta medida la proponga el Gobierno de la Generalidad de Cataluña se encuentra en los constantes atropellos que han sufrido funcionarios y empleados públicos en materia de seguridad jurídica y de uso de la lengua. El plan lingüístico para los integrantes del sector público les obliga a aprender el catalán –una lengua española entre otras– y margina a los que su lengua materna es el castellano. Por otra parte, los funcionarios se ven en una tesitura bastante difícil en la región ya que no hay elementos para proteger a este sector de órdenes que ataquen directa o indirectamente la unidad de España. De hecho, Miguel Borra, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) manifestó esa misma preocupación por la apuesta soberanista de las autoridades catalanas ante Soraya Sáez Santamaría, Vicepresidenta del Gobierno, en una reunión.

¿Que se puede sacar en positivo de la propuesta de evaluación?

El régimen de los empleados públicos es muy diferente al de las empresas privadas. Entendemos por funcionarios una serie de personas que se dedican a funciones públicas fundamentales que no deberían estar a merced del cambio de Gobierno –cosa que por otra parte, no sería tan importante con una Monarquía Tradicional–. Para proteger la administración del partidismo se ha optado por blindar a jueces, policías y demás personal de la Administración Central, regional y local. Se ha llamado a esto la integridad del Estado frente al partidismo.

Sin embargo, también existe el estatus de empleado público, que tradicionalmente se ha dedicado a funciones no específicamente públicas, como la salud por ejemplo. A ellos también se les ha blindado aunque el riesgo contra la integridad del Estado es menor. Paradójicamente, el alto mando de la Administración pertenece a cargos de libre designación o “a dedo”, que se eligen según la voluntad de los diferentes Gobiernos centrales y autonómicos que se suceden a lo largo de los años. La integridad del Estado está comprometida ahí más que en los puestos menos relevantes, por lo que en realidad, el blindaje de los puestos públicos se ha vuelto ineficaz.

La solución a esto no puede ser una receta, aunque sí que se pueden diagnosticar algunos errores de base que hay en el sistema que actualmente está vigente:

1. Los altos cargos de la administración deberían acceder a sus puestos por oposición en los que concurra mérito y conocimiento.
2. Al empleado público y al funcionario –al primero de manera más urgente– se les debe exigir más, con métodos para evaluar el desempeño de su trabajo, el absentismo laboral y otras lacras que se ciernen sobre el sector público.
3. Se debería reducir el sector público para que los privilegiados sean realmente los necesarios para el funcionamiento de la administración. La mayoría de los ciudadanos deberían contribuir a la creación de un tejido empresarial y económico conforme a la dignidad humana y a la promoción social.
4. Los partidos políticos deberían ser ajenos a la designación de funcionarios. Ejemplos lamentables los encontramos en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o en el Tribunal Constitucional (TC).

El equilibrio entre derechos y deberes es importante para que no sea el Estado de Bienestar quien garantice siempre el cumplimiento de los primeros. Somos cada uno de los vecinos –incluidos los que trabajan en la función o en la empresa pública– los que deberíamos velar por el orden social. Hay que poner freno a Papá Estado para crear una administración humana. Si no las tradiciones son imposibles.