El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha determinado que “las exenciones fiscales de la Iglesia Católica pueden constituir ayudas estatales prohibidas” si sirven para financiar la enseñanza no subvencionada u otro tipo de actividades con ánimo de lucro. La razón de esta sentencia no es casual, sino que se ha pronunciado sobre una petición de los Escolapios para solicitar la devolución del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y otros tributos por cifra de 24.000 euros. La petición fue desestimada por el Tribunal Contencioso administrativo de Madrid y la Congregación de Escuelas Pías devolvió la cantidad a la administración. Dicha petición fue realizada por causa de la construcción de un edificio que sirve para alojar diferentes líneas educativas en un colegio cercano a Madrid. Ha sido denegada porque el inmueble no tenía una finalidad estrictamente religiosa.
ANÁLISIS – Ante esta decisión cabe puntualizar:
- Que las actividades religiosas no tienen porque referirse solo a las actividades litúrgicas o propiamente rituales. La espiritualidad católica comprende también actividades humanas que sirven para la promoción de la persona humana.
- Que la actividad económica no tiene porque ser en sí misma negativa, teniendo en cuenta que toda actividad espiritual que necesite especial dedicación requiere un sustento económico. El pago de matrículas es a veces necesario para difundir valores necesarios por medio de una escuela no subvencionada.
- El Estado no debería tener el patrimonio de la educación altruista ni discriminar a ningún estrato social para recibir una educación según la fe católica.
Este caso concreto no puede juzgarse y sin embargo la disposición del TJUE incurre en un precedente peligroso al diferenciar actividades religiosas, actividades económicas y educación. La realidad no puede disociarse de esa manera. Si no, se condena a los católicos a encerrarse en las Iglesias y en los colegios concertados (cada vez más escasos). Y la cantidad de bienes inmuebles de la Iglesia hace inviable precisamente un pago masivo de este tipo de tributo a largo plazo. La libertad educativa requiere repensar el IBI y este tipo de impuestos para los colegios no concertados.