Siempre existe la esperanza para Mariano Rajoy y para los diputados del Congreso de los Diputados de que Carles Puigdemont retire la declaración de independencia de Cataluña. Al menos de cara al público, para presumir de demócratas, dan la opción de volver sobre sus pasos al Gobierno de la Generalidad y comenzar otro tipo de “diálogo”.
Ayer se convocó un Consejo de Ministros extraordinario que examinará la posible activación del artículo 155 de la Constitución. El PSOE no está en contra y, de hecho, parece ser que se han reunido altas personalidades de los socialistas con el Gobierno para discutir los pormenores de una acción política de tanta relevancia. Ayer, a últimas horas del día, se reunió Mariano Rajoy con Pedro Sánchez, y hoy lo hará con Albert Rivera. Hoy se anunciará si finalmente el Gobierno de España toma el control de la Generalidad y convoca elecciones en un plazo razonable de tiempo. Lo hará Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados, donde comparecerá a petición propia.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, compareció ayer para comentar la declaración de Puigdemont:
“Este miércoles se abordarán los próximos pasos tras la celebración de la sesión plenaria del Parlament”
“Después de haber llegado tan lejos y de haber embarcado a Cataluña en el mayor nivel de tensión de su historia, el señor Puigdemont la ha sumido en su mayor nivel de incertidumbre”
“Su discurso es el de una persona que no sabe dónde está, dónde quiere ir ni con quién”
ANÁLISIS – Todos quieren diálogo pero también todos sienten que sus propuestas son las únicas justas. Mejor no hablar de diálogo. Hace tiempo que para salvaguardar la Unidad de España, los dirigentes nacionalistas deberían haber sido inhabilitados. Hace ya tiempo que se deberían haber protegido las instituciones catalanas y la educación no manipulada por encima del autogobierno. Los miembros de la función pública o los representantes populares que apoyen una declaración de independencia y la promuevan son traidores a la comunidad, al pueblo, a la estabilidad y a la misma administración pública. A España en su conjunto. En esta época de buenismo político y de idolatría a las buenas formas, quizá no podemos detener a esos traidores, pero desde luego podrían haber sido despedidos hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que no se hace nada y que se ha entregado Cataluña a una casta política independentista que no conoce la lealtad a la Patria, a la Tradición y al Derecho.
No podemos seguir así. Lo de ayer es intolerable. Ningún presidente autonómico tiene el derecho de desafiar la unidad de la Patria y de la comunidad social y política.