¿Puigdemont sería investido como President en la distancia?

Un grupo de juristas catalanes, Llibertats, que siguen fieles a la quimera del Estado de Derecho, han hecho una buena labor en recordar que los malabares separatistas para intentar investir a Puigdemont a la distancia no tiene ni pies ni cabeza. ¿O sí?

Un poco de contexto: Carles Puigdemont puede moverse por Europa porque Bélgica no contempla en su ordenamiento jurídico el delito de alta traición o de sedición. Se ha denegado la euroorden de detención que pesaba sobre él. Sin embargo, sigue estando vigente la orden detención nacional, por la que si pone un pie en su querida Patria, será internado en prisión preventiva por la juez por riesgo de fuga a la espera del juicio sobre los delitos cometidos en la preparación del 1-O y en la declaración de independencia de la autonomía de Cataluña. A partir de ahí, para acudir a la sesión de investidura, tendría que pedir un permiso extraordinario a las autoridades judiciales para poder ejercer su acta de diputado. Dicho permiso podría concederse o no, en virtud de las circunstancias que valore la juez Lamela. El no se regiría por el reglamento penitenciario ordinario, sino por el extraordinario, que tiene sus beneficios y sus inconvenientes, según el recluso en cuestión y el delito o la reincidencia que pudiera cometer.

¿Cómo evitar una detención? Puigdemont quiere ser investido de nuevo como Presidente de la Generalidad de Cataluña a pesar de estar en el extranjero. Además, eso tendría una fuerza mediática muy potente, en cuanto un Presidente autonómico que quiere declarar la independencia, ejerce sus funciones en el extranjero por la supuesta represión de España. Quieren que sea investido mientras él asiste al pleno por medio de una teleconferencia, al modo que los expertos de una comisión parlamentaria acuden o dan su consejo a los diputados.

¿Es eso posible? Según el reglamento del Parlamento de Cataluña y las leyes vigentes actualmente, eso no es posible. Sólo si los diputados de JxC, ERC y CUP se alían para cambiar el reglamento, sería quizá posible. Pero JxC no las tiene todas consigo, ya que ERC exige que Puigdemont cumpla la promesa electoral de volver a España si es que ganaba las elecciones. Ahora parece echarse atrás.

La realidad es que el acto por el cual un parlamentario toma posesión de su cargo  “exige la presentación en el Registro de la credencial expedida por el órgano correspondiente de la Administración electoral, y prometer o jurar respetar la Constitución y el Estatut, actos estos de carácter personalísimo, que no pueden ser delegados”. No obstante, hasta ahora los parlamentarios recogían su acta de diputado en muchas ocasiones a través de apoderados y entregaban la promesa de respetar las leyes vigentes por escrito. ¿Es válido este procedimiento? ¿Se va a hacer inválido ahora que conviene por el fatídico resultado de las elecciones catalanas? ¿Se contradicen los amantes del Estado de Derecho al intentar crear subterfugios e impedir a Puigdemont ser Presidente de la Generalidad de nuevo?

Este lío legal demuestra que la solución del problema separatista no es la ley o el derecho, sino la política, la ética, las tradiciones, la fidelidad a la historia y la honradez transmitida en las escuelas, hasta ahora manipuladas por el separatismo rancio.