El Gobierno y el MEFP aprovechan el “Estado de Alarma” para intentar imponer la nueva Ley Educativa, la LOMLOE, al margen de toda la comunidad educativa.

NOTA DE PRENSA

En un momento tan excepcional como el que vivimos por causa de la pandemia
del COVID-19 que está asolando a nuestro país, donde parte de los derechos y
libertades fundamentales de los ciudadanos -movilidad y circulación, reunión,
manifestación, etc.- están restringidos por el estado de Alarma decretado por el
Gobierno y que limitan extraordinariamente el correcto funcionamiento de las
instituciones y las organizaciones -tanto públicas como privadas-, es necesario
un consenso y diálogo de toda la comunidad educativa.
Las entidades Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos
(CONCAPA), Confederación Española de Asociaciones de Antiguos Alumnos de la
Enseñanza Católica (CEAAAEC), CEU San Pablo, Fundación Educatio Servanda,
Plataforma por las Libertades, Plataforma Yolibre.org, Plataforma Libres para
Educar a nuestros hijos, abiertas a nuevas adhesiones, estando de acuerdo con
el contenido descrito en la nota de prensa publicada el día 27 de abril por la plataforma
“Concertados” en los medios de comunicación, nos adherimos a la misma.

Al mismo tiempo queremos destacar nuestro malestar y perplejidad por la publicación
el pasado día 24 de abril de la Orden EFP/365/2020 de 22/04/20 del Ministerio de
Educación y Formación Profesional por la que “se establecen el marco y las directrices
de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-
2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19”, donde se permite decidir
a las Comunidades Autónomas el número de asignaturas suspensas para obtener el
título o promocionar, orden que atenta y vulnera la Ley Orgánica de Educación
actualmente vigente LOE-LOMCE y que podría ser inconstitucional.
Este proceder demuestra la prisa con que el Gobierno, por medio de la ministra de
Educación, Isabel Celaá, y sus socios, quieren imponer una Ley educativa que no nació
del consenso. Es más, esta Ley tiene indignada a la comunidad educativa por no contar
con ella, elimina la educación especial, limita al máximo la libertad de educación, la de
elección de los padres y la libertad religiosa-moral, al mismo tiempo que suprime la
“demanda social” que es la verdadera garantía de libertad de las familias, presionando
aún más a la red de iniciativa social -centros sostenidos parcialmente con fondos públicos “concertados”- que han sido vitales para vertebrar, estas últimas décadas, la educación de nuestro país.

Por todo lo descrito anteriormente, queremos manifestar:
1.– Este modo de proceder por imposición es contrario a las constantes llamadas al
dialogo, consenso, equidad e igualdad a la que tanto apela la Sra. Ministra en todas
sus declaraciones, despreciando una vez mas la libertad de las familias para poder
elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos según sus convicciones religiosas
y morales, según se afirma en el Art. 27 de la Constitución Española.
2.– Se limita o elimina la posibilidad, a la iniciativa social, de creación de centros
educativos de cualquier otro tipo de inspiración, religiosa o no.
3.– Hace saltar nuevamente por los aires el pacto “social y político por la educación”,
tan necesario en este momento en el que se quiere desarrollar una nueva Ley Orgánica
de Educación, sin tener en cuenta las aportaciones de las organizaciones de la
sociedad civil y de las familias, primeras educadoras de sus hijos.
4.- Es necesario no olvidar que el Estado es subsidiario a la responsabilidad educativa
de las familias. Por ello, debe estar siempre a su servicio para trabajar
complementariamente en la educación y formación con ellas. La patria potestad de
nuestros hijos la tenemos las familias y es nuestra responsabilidad vigilar y velar por
su protección.
5.– La citada Orden Ministerial echa por tierra el esfuerzo y el trabajo, no sólo de los
alumnos sino de los propios docentes, al dejar en manos de las Comunidades
Autónomas las decisiones de las promociones o titulaciones, sin adquirir las
competencias necesarias, induce el desamparo legal y la inseguridad jurídica de los
docentes y de los equipos directivos frente a los servicios de inspección educativa.
Además de vulnerar la ley educativa actualmente vigente LOE-LOMCE, crea claras y
sangrantes diferencias y discriminaciones dentro de la población escolar, más cuando
estamos en un estado de alarma y en una situación muy excepcional.
6.– Es imperativo que las normas que se dicten sean claras y no contradictorias. Las
dictadas hasta ahora generan incertidumbre y malestar en toda la comunidad
educativa. Queremos que se cuente con todas las organizaciones antes de tomar
decisiones unilaterales que, como estamos viendo, son cambiadas una y otra vez con
el consiguiente perjuicio para la comunidad educativa. El Ministerio debe de asumir sus
competencias, generales e iguales para todo el territorio y las Comunidades Autónomas
las que su propia normativa, por tener las competencias transferidas, les atribuye.
7.- Pedimos a nuestros políticos “altura de miras” para trabajar, desde el consenso y el
dialogo, por mejorar nuestro sistema educativo y la formación que reciben nuestros
menores y universitarios, desde el consenso y el dialogo. El valor que determina el
crecimiento y la prosperidad de una sociedad es su educación y su formación, que
siempre es una inversión de futuro. Algo falla cuando nuestros mejores cerebros
abandonan su país, con la pérdida de la inversión que se ha hecho en ellos.

Recordamos al Gobierno y a la Sra. Ministra que, en un momento tan excepcional como
el que vivimos, no son apropiadas estas decisiones, que lo único que quieren es
imponer sus propias medidas y las de sus socios de gobierno, excluyendo a la gran
parte de la sociedad que no piensa de la misma forma. No es el momento para tratar
de aprobar, de manera tan irregular y rozando la inconstitucionalidad, una Ley Orgánica
de tanta importancia como la de Educación.
La política debería estar fuera de la tarea educativa. Hay que trabajar por una
educación gratuita y universal, estatal o de iniciativa social, en equidad e igualdad y
sobre todo de calidad, respetando en todo momento la libertad de educación y la libre
elección de las familias.
Las medidas promovidas por el Gobierno actual ni buscan ni quieren el consenso. Lo
único que pretenden es aprovechar la situación para seguir introduciendo ideología en
las aulas y apartando a las familias del hecho educativo de sus hijos. Es decir, sin el
mínimo pudor y respeto por el sufrimiento social originado por la pandemia del COVID19, que además se ha cobrado decenas de miles de muertos, nuestros gobernantes
siguen buscando sus propios intereses ideológicos.