Miles de fallecidos en las residencias: ¿murieron o se les dejó morir?

Desde el principio de la crisis del Covid-19 los informativos nos hablaron del tremendo impacto que la enfermedad estaba teniendo en las residencias de ancianos. En medio de la opacidad de las cifras oficiales se hacía muy difícil conocer el número real de víctimas, pero raro era el día en el que no nos hablaban de una residencia en la que había decenas de muertos.

Nos iban contando que decenas, centenares, miles de ancianos estaban muriendo en esas residencias pero a la vez, al no ser casos diagnosticados en un hospital, esas cifras no estaban siendo reflejadas en los totales de víctimas ofrecidos por las vías oficiales. Es en los últimos días cuando las Comunidades Autónomas están ofreciendo cifras, incluyendo en ellas no sólo el número de fallecidos a los que se les había realizado una prueba y de los que había seguridad en su diagnóstico de la enfermedad sino además aquellas víctimas que no llegaron a ser atendidas y por lo tanto diagnosticadas pero que por sus síntomas y evolución hasta su muerte indican que ésta fue causada por el Covid-19.

La cifra TOTAL de fallecidos en España por Covid-19 (diagnosticados o evaluados por síntomas compatibles) usuarios de las residencias de ancianos asciende nada menos que a 17.685 (según datos del Ministerio de Sanidad y CCAA, recopilados por RTVE). Terrible. Y, ante esta tragedia ¿qué nos cuentan los grandes medios?

Desde el principio la lupa se puso en las residencias de Madrid, en las que ciertamente se produce el mayor número de víctimas, con 5.846 muertos. Sin embargo, si hablamos de tasa de mortandad por población debería resultar aún más llamativa la cifra de Castilla – La Mancha, con 2.081 muertos. Recordemos que Castilla – La Mancha tiene menos de un tercio de la población de Madrid.

Pero, ¿qué puede haber ocurrido entonces en las residencias DE TODA ESPAÑA?

Mediante el Real Decreto 2/2020, la Presidencia del Gobierno reestructuraba los departamentos ministeriales, estableciendo en su artículo 19 el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 cuyo titular es el Vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias Turrión. Por la unificación de mando del decreto de alarma y la asunción de competencias de las Comunidades Autónomas por parte del Gobierno, al ser las residencias centros sociales y no sanitarios, la gestión recae directamente en este Ministerio.

El 19 de marzo, pocos días después de esta unificación de mando, el propio Vicepresidente se coloca en primera línea para anunciar con el autobombo habitual en él que su departamento va a empeñarse con especial atención de las residencias (públicas, privadas y concertadas), cifrando además en 300 millones de euros el coste de su acción. Como pueden comprobar, es el propio vicepresidente el que se atribuye, hablando en primera persona, las acciones a tomar sobre las residencias, calificándolas de «prioridad absoluta».

Pasaron las semanas y rara fue aquella en la que faltara un comunicado de responsables de residencias denunciando que no les estaba llegando la ayuda prometida y, lo que es peor, que los casos producidos en ellas no se estaban trasladando a atención hospitalaria.

Al Vicepresidente Iglesias, el mismo que incumplía la cuarentena preceptiva según el Gobierno porque su participación era «fundamental», se le ha preguntado desde entonces por la situación de las residencias. Sus respuestas, siempre, descalificando al que pregunta. Lo de siempre: pedir responsabilidades al «progre» es de fascistas.

La realidad es que, quedando muchas dudas sobre la situación de las residencias antes de la pandemia y sobre si todas ellas cumplían unos requisitos mínimos para atender dignamente a nuestros mayores, una vez asumido el mando único sobre las mismas por parte del estado, desde muchas de ellas se denuncia que cuando llamaban a la autoridad competente se les negaba el traslado al centro hospitalario de referencia. Que los prometidos medios nunca llegaron, o lo hicieron de manera insuficiente. Y que la medicalización de las residencias anunciada por el Vicepresidente Iglesias consistió en la mayoría de los casos en dotar a estos centros de morfina y sedantes, como así denuncia el Presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia, Ignacio Fernandez-Cid.

Cuando a un enfermo se le niegan las medicinas y se le da morfina, sólo adivinamos un porqué: que los ancianos enfermos muriesen drogados y sin hacer ruido.

¿Es este escenario fruto de la incompetencia de la autoridad autopresentada como competente? Queremos pensar que sí, lo cual ya sería suficientemente grave. Pero cuando esa autoridad la ha asumido un partido desde cuyas filas hemos oído en multitud de ocasiones quejas sobre el sentido del voto de los ancianos, defensas encendidas de la sedación terminal, y catalogación de la eutanasia como derecho fundamental de la sociedad, puede haber quien se deje llevar y piense que no todo sea incompetencia. La sombra de la sospecha de la simple aceptación como asumible de la muerte de 17.685 miembros de las generaciones más sacrificadas, luchadoras y trabajadoras que hemos conocido es demasiado oprobiosa para que el Vicepresidente Iglesias se siga negando a contestar y dar explicaciones, o a despedirse para siempre de la vida pública ofreciendo disculpas por su incompetencia.

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