En materia de educación, los partidos de izquierda se han propuesto, en coherencia con la Ley Celáa, ignorar a los colegios e instituciones educativas no gubernamentales. Los de derecha se quejan -con razón- de que las ayudas sean solamente para los colegios “públicos”. Pero se equivocan precisamente al aceptar la terminología progre que identifica “colegios del gobierno” con “colegios públicos”, como si las escuelas que llaman privadas no dieran también un servicio público.
En cuanto a las medidas económicas la realidad es que poco se podría hacer desde las instituciones españolas aparte de reducir la Administración y los privilegios de la casta política. La perspectiva económica más probable es la de ir tapando los agujeros que vayan dejando los sucesivos cierres empresariales que se van encadenando uno detrás de otro. Mientras no se reactive el turismo -que supone más del 12% de la economía directa-, y mientras las decisiones de las grandes corporaciones industriales, energéticas o financieras vengan del exterior, España seguirá a merced de otros “Parlamentos” y otras “Comisiones”.