A finales del pasado mes de noviembre el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, en colaboración con la Dirección General de Política Regional y Urbana de la CE y Eurostat, con el apoyo del Parlamento Europeo y el Comité Europeo de las Regiones se lanzaba el proyecto Regions2030. En él, se designan una serie de regiones de Europa y de Turquía en las que hacer un seguimiento de la implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los 17 mandamientos de la Agenda 2030. Entre las regiones elegidas están dos españolas: Andalucía y Navarra.
No es ninguna primicia ni novedad, porque ya varios medios se hicieron eco de ello hace semanas o meses, pero contemplamos cómo en la gente en general el asunto ha pasado completamente desapercibido.
Oficialmente se trata de «definir un marco común de indicadores para los ODS». Que, traducido del politiqués, significa que se «pide» (o se exige, siempre muy democráticamente) a esas regiones que orienten toda su maquinaria legislativa en la implantación de la Agenda 2030, sirviendo de conejillo de indias al resto, que irán después.
Esta medida, seguramente saludada por la mayoría de los medios de comunicación, las grandes corporaciones y por supuesto los gobiernos regionales interpelados, da igual si son a izquierda o derecha, en realidad significa que un plan de control total de la población y de los recursos materiales, bajo la excusa de 17 principios difusos y buenistas, va a ser impuesto por el poder político «libre y democrático» para mayor gloria de las oligarquías financieras globalistas. Y que ese poder partitocrático va a empezar a cumplir las órdenes que recibe de sus jefes en, entre otras regiones, Navarra y Andalucía para, una vez ajustado el engranaje, proceder en el resto. Vayan preparándose.