La Ministra de Educación estrecha aún más el cerco a la libertad educativa

 La nueva ministra ha anunciado las “líneas maestras” del proyecto educativo del gobierno

Fuente tradicionviva.- Mientras plantea como principio rector que guiará su mandato “la colaboración y el diálogo abierto para trabajar en común con la comunidad educativa y con todos los agentes políticos y sociales”, anuncia una serie de medidas, tomadas de manera unilateral, que imponen un modelo educativo ideológico que no respeta la voluntad de miles de familias que optan, amparados por la Constitución, por tratados internacionales y por sentencias en los tribunales, por modelos educativos que este gobierno pretende suprimir.

Apela a la aconfesionalidad del Estado, recogida en la Constitución, para justificar  que la religión, como asignatura optativa, no tenga efectos académicos, y se olvida de que la misma Constitución, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa y los Acuerdos firmados por el Estado con las confesiones religiosas mayoritarias garantizan el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa que libremente elijan, tanto dentro como fuera de la escuela. Y en el uso de este derecho, un amplio porcentaje de familias eligen esta asignatura optativa en todo tipo de centros, tanto con ideario propio como centros públicos.

Anuncia la creación de una asignatura obligatoria, de valores cívicos y éticos. Con el precedente de Educación para la Ciudadanía, que impuso el Gobierno de Zapatero, y de las asignaturas que se han ido creando desde entonces, algunas aún como experiencia piloto, nos tememos que dicha asignatura no hará sino generar un nuevo conflicto en el sistema educativo, como ya ocurrió con EpC, cuya imposición dio lugar a la mayor movilización de padres de la historia, que de hechoconsiguió que dichas asignaturas fueran eliminadas del sistema educativo. Estos precedentes han demostrado que estas asignaturas se crean para imponer a los alumnos una visión sobre determinadas cuestiones que son controvertidas y objeto de pleno debate en la sociedad pero que presentan implicaciones morales, éticas ideológicas y religiosas, que en un Estado aconfesional no se pueden imponer ytienen que quedar fuera del ámbito escolar. Así lo manifestó el Tribunal Supremo en su sentencia de 11 de febrero de 2009: el hecho de que existan asignaturas obligatorias “no deben ser pretexto para tratar de persuadir a los alumnos sobre ideas y doctrinas que — independientemente de que estén mejor o peor argumentadas– reflejan tomas de posición sobre problemas sobre los que no existe un generalizado consenso moral en la sociedad española”.

Las declaraciones de la ministra sugieren que está en peligro la permanencia de la escuela concertada, que es elegida libremente por miles de familias en su derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos. Califica esta “demanda social”como un “eufemismo”que, a su juicio, “ha servido para propiciar que la escuela pública pueda ser considerada subsidiaria de la concertada”.Ningún modelo debe ser considerado subsidiario del otro, sino que ambos deben coexistir para garantizar tanto el derecho a la educación de todos los alumnos como el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, como recoge la Constitución. La demanda social de los centros concertados no es un eufemismo: es el ejercicio del derecho de miles de padres y al gobierno le corresponde garantizar que los padres puedan ejercer ese derecho. No se debe por tanto considerar, como lo hace la ministra, que la red concertada simplemente “tiene un carácter complementario para cubrir las necesidades de escolarización”. También el modelo de enseñanza diferenciada, como ha manifestado recientemente el Tribunal Constitucional, es “plenamente conforme” con la Constitución y con los tratados internacionales suscritos por nuestro país.

La ministra plantea como “uno de los obstáculos para lograr un acuerdo en materia educativael no advertir que el derecho a la educación recae sobre los hijos e hijas como individuos y no sobre las familias ni sobre los territorios ni sobre las religiones”. Es indudable quién es el sujeto del derecho a la educación. Pero la ministra debería tener presente que quizá el mayor obstáculo para lograr un acuerdo en materia educativa sea olvidar que somos los padres los únicos que tenemos reconocido nuestro derecho a elegir la formación religiosa, moral,  pedagógica y/o filosófica que queremos para nuestros hijos. Por mucho que un  gobierno tenga unos principios políticos e ideológicos como dice la ministra, no le es lícito, en un Estado democrático y aconfesional como el español,imponerlos en un modelo educativo concreto, por encima de los derechos de los padres”.

Ante el anuncio de estas “líneas maestras” por parte de la ministra de educación, desde la Federación ESPAÑA EDUCA EN LIBERTAD, afirman que van a intensificar de cara al curso que viene su campaña de información, asesoramiento y movilización. Para ello continuarán difundiendo la Guía para educar en Libertad, con información para las familias y en la que incluyen un modelo de solicitud de información y consentimiento expreso sobre cualquier actividad realizada en los centros educativos en relación con cuestiones moralmente controvertidas. La actuación de los padres en esta línea ya ha dado como resultado la supresión de charlas que se venían impartiendo sin contar con su autorización expresa.