Las actuaciones producidas en el Valle de los Caídos desde finales de septiembre, dirigidas al parecer por la Delegación del Gobierno, se han excedido, y mucho, de los términos de los acuerdos del Consejo de Ministros de 15 de febrero y 15 de marzo de 2019 que se pretenden ejecutar.

A partir del 11 de octubre, tras el acuerdo del Consejo de Ministros que decretaba el cierre del recinto del Valle de los Caídos, se permitió, exclusivamente, la estancia de los huéspedes de la Hospedería y, con muchas dificultades y algunas prohibiciones, la asistencia de fieles al culto de la Basílica.

Desde esa fecha, la Guardia Civil, sin autorización judicial que lo permitiera, accedió y deambuló por dependencias de la Abadía y, lo que es más grave, accedió y deambuló por la Basílica sin autorización eclesiástica alguna y ocupándola durante las 24 horas del día, vulnerando, de esta manera, tanto el derecho a la inviolabilidad domiciliaria como el derecho a la libertad religiosa.

Sorprendentemente, desde el domingo 20, a las 14 horas, se ordenó el cierre de la Basílica con la excusa de hacer preparativos para la exhumación de los restos de D. Francisco Franco, impidiéndose incluso el acceso a los miembros de esta Comunidad, únicos titulares y custodios del templo (colocándose cadenas y candados en la puerta de acceso entre la Abadía y la Basílica), produciéndose la paradoja de que accedían a la Basílica terceras personas, sin garantía alguna de que sus conductas no contravinieran el carácter sagrado del templo, desconociendo si se han producido actuaciones incompatibles con el culto, la piedad o la religión, ya que no se ha permitido la más mínima vigilancia por parte de esta Comunidad. Es decir, de prescindir de la autorización eclesiástica para acceder a la Basílica, se pasó a prohibir a los benedictinos de esta Comunidad el acceso a su templo. Incluso, según aparece en las noticias, se impide que los miembros de la Abadía asistan al responso religioso en el acto de exhumación -sólo se autoriza al prior.

En vista de lo anterior, esta Abadía, tras protestar por estas actuaciones ante el Tribunal Supremo y ante la Delegación de Gobierno, presentó la correspondiente denuncia ante el Juzgado competente.

Queremos dejar constancia que la actuación de las Fuerzas de Seguridad y de los operarios ha sido y es totalmente incompatible con el principio de inviolabilidad de los lugares de culto y los derechos de esta Comunidad benedictina, lo que hemos puesto, igualmente, en conocimiento de la jerarquía eclesiástica.

23 de octubre de 2019