Se subirá el salario mínimo a 800 euros pero no hay plan serio para mejorar el empleo

ANÁLISIS – Según algunos medios conservadores, el Gobierno de España y Fátima Báñez, la ministra de Empleo, ha propuesto un incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en un 14,5% para el próximo año. Se alcanzarán los 750€ con 14 pagas anuales, frente a los 655 euros actuales. No obstante, otras informaciones dicen que Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de los Trabajadores (UGT) han propuesto que el SMI suba hasta los 800 euros en 2017 y hasta los 1000 euros en 2020.

El diálogo “supuestamente” social, que implica a patronal y sindicatos con el Gobierno, en una conversación que no representará los intereses de todos los ciudadanos, se seguirá en el Parlamento. El Pleno del Congreso aprobó el pasado 22 de noviembre tramitar una ley que suba de forma escalonada el SMI, una propuesta que salió adelante gracias a las fuerzas de izquierda y a la abstención de Ciudadanos.  La proposición de Ley fue elaborada por En Comú Podem y en ella se concreta una subida hasta los 800 euros mensuales en 2018 y 950 euros en 2020. Sin embargo esta reforma legislativa, que contó también con el apoyo del PSOE y de los partidos nacionalistas catalanes y vascos, deberá tramitarse en la Comisión de Empleo y recibir las enmiendas correspondientes de los grupos parlamentarios.

Liberales a favor de la abolición del SMI y socialistas pretenden inflarlo

El SMI es una herramienta que tienen muchos países para impedir que nadie pueda trabajar a jornada completa percibiendo un salario menor a lo que se considera “imprescindible”. Es por tanto un límite, lo mínimo exigible a una empresa a la hora de retribuir a los empleados su trabajo, y representa  además una estimación oficial  de lo que se supone necesario para mantener un nivel de vida aceptable.

Para las posturas libertarias, el SMI no es más que un mandato estatal que ilegaliza trabajar por debajo de un determinado sueldo. Para algunos, este tipo de leyes supone que aquellos que no se ajustan al canon oficial de decencia salarial están condenados al mercado negro, en el cual sí que está desprotegido el trabajador. Las famosas declaraciones (ridículas por otra parte) en las que Fátima Báñez aseguraba que “en España nadie cobra por debajo del Salario Mínimo Interprofesional”, nos recuerdan como en el mercado negro, la regulación y la protección al trabajador es imposible. No es difícil admitir que los 655 euros mensuales son una remuneración demasiado baja y que ojalá pudiera ser más alta, pero la alternativa real a corto plazo no son salarios mayores, sino el desempleo o empleos precarios sin ningún tipo de defensa social.

Las posturas partidarias de la abolición del salario mínimo defienden que la tasa de paro en los países que no tienen SMI suele ser más baja. No obstante, el Eurostat correspondiente a septiembre refleja que las tasas de empleo más bajas se dan en 8 países con salario mínimo a excepción de Dinamarca y Austria. Italia y Chipre, sin salario mínimo, tienen la cuarta y quinta tasa de desempleo más elevada de la Unión Europea.

Los socialistas y los sindicalistas defienden por su parte que el SMI defiende a los trabajadores de empleos precarios y que obliga a las empresas que quieran actuar en la legalidad a que paguen a los trabajadores según la dignidad que se merecen. Son más partidarios de la lucha policial contra el fraude laboral y fiscal frente a posturas que sean permisivas con lo que ellos consideran explotación.

No se habla de empleo de calidad y subsidiariedad

Que las tasas de paro más altas de Europa sean de países con y sin salario mínimo indica que el problema económico y social que aqueja a nuestro país no tiene que ver directamente con el SMI. Que la izquierda del Congreso haya tomado una posición política con respecto al salario mínimo es en realidad la típica táctica útil para predicar aparentando una superioridad moral que en realidad perjudica el bienestar de los trabajadores. Sería conveniente tener en cuenta algunos puntos al respecto:

• Es incoherente que en medio de una sociedad consumista y no ahorradora se quiera proteger al trabajador con sueldos mínimos más altos si no se predica a la vez una política de austeridad en todas las esferas sociales. En realidad, el dinero que se invierte (o se obliga a invertir) en gastos inútiles impide que el dinero de las familias trabajadoras se conserve o invierta en su propio beneficio. La publicidad, el marketing desatado y un modelo productivo basado en el consumo alimentan la verdadera esclavitud de las clases desfavorecidas. Son los empresarios o el Estado quienes se benefician de nuestro consumo desordenado, si pensamos desde la lógica socialista o liberal.

• El Salario Mínimo Interprofesional impide que los verdaderos agentes sociales tengan la fuerza necesaria para pactar y cooperar acerca de las condiciones de vida de los trabajadores. Sindicatos más preocupados en salarios mínimos en todas las profesiones y empresarios a los que se les obliga a pagar más por sus trabajadores por una ley desvinculada de su realidad cercana, son medios ineficaces para proteger a las familias. Lo que se necesitan son sindicatos que trabajen por salarios dignos en cada una de las empresas y que busquen conjuntamente con las diferentes patronales formas de mejorar la calidad del trabajo. Retribución justa y trabajo bien hecho deberían estar relacionados en una filosofía laboral más cristiana, para exterminar las redes de improductividad que son un atentado contra el bien común de toda la sociedad. De este modo se fortalecerían los convenios colectivos.

• Por último, hay que promover la inversión en sectores económicos en los que la amortización (período en el que se pierde el valor de lo invertido) sea menor, facilitando la investigación, las infraestructuras, el turismo de calidad, la industria, la educación universitaria internacional… Crear estructuras económicas sólidas en las que España pueda resaltar y mantenerse en un entorno económico internacional inestable.

En cualquier caso, la inexistencia de un plan de empleo serio que remueva los cimientos del desempleo estructural que tenemos en España es precisamente la evidencia de que el SMI es una cortina de humo que impide hablar claramente de los problemas económicos reales. La eliminación de un SMI -tal como la propugnan los teóricos libertarios más radicales- sería inaceptable si destruye algo tan importante como es la solidaridad social. Sin embargo es deseable en tanto que devuelve a las familias obreras y de clase media la soberanía sobre un aspecto clave como su propia supervivencia económica. Todo lo que contribuya a un mejor entendimiento entre empresarios y empleados, compatriotas dentro de una misma comunidad política, es deseable pues el enfrentamiento supone en ultima instancia un empobrecimiento para la patria común. Para una comunidad que ha visto cómo el Estado, en nombre del bienestar, ha ido fagocitando todos los resortes económicos de la vida social.