En esta ocasión, con el sentido del humor característico del carnaval gaditano, se nos hace patente la injusticia envuelta en  papeles de la legalidad, bajo la cual se nos quiere ocultar la penosa realidad, la cual ya “canta” (en esta ocasión, por los componentes de la comparsa conocidos como “los fieles”, se nos muestra tal cual es).

A su vez, a los que aún no han estado en la cárcel, con tan solo una simple acusación manifestada de sus cónyuges, se les priva de la custodia de sus hijos -incluso del contacto de ellos, se les expolia su patrimonio y se les ahoga economicamente con pensiones que no pueden apenas pagar, cuando encima tienen que hacer frente a los gastos de una nueva vivienda, mientras siguen sufragando los costes de aquella de la que han sido expulsados.

Este es el maltrato más frecuente en este país, lamntablemente invisible a los ojos de la sociedad, y perpetrado en las mismas instituciones a las que pertenencía el juez Serrano, represaliado por su valentía para oponerse a esta “discriminación positiva”.

La falsa denuncia (o la simple manifestación sin pruebas, de haber sufrido malos tratos, interpuesta por una mujer, pues la denuncia ya ni es necesaria), es la forma más habitual y frecuente de maltrato que se produce en este país. Es lo que denominamos maltrato institucional, pues de entrada parte del poder legislativo, dominado por la política sin escrúpulos, y llevado a la practica por el ejecutivo, el cual quiere socavar la independencia del segundo, incurriendo en adoctrinamiento e, incluso, amenazas a jueces (cabe recordar que, a su vez, se ejerce un dominio en lo concerniente a la designación en los máximos órganos judiciales, como son el CGPJ y el Tribunal Supremo).

Las victimas de este tipo de maltrato son en primera instancia los hombres y sus hijos, en la misma medida, igual que todos los familiares directos: hermanos, abuelos, tíos, etc.