6 de junio de 2024 2

EL TRADICIONALISMO Y LA DEFENSA DEL LIBERALISMO ECONOMICO

(por Javier Urcelay)

El Centro de Estudios, Formación y Análisis Social (CEFAS) y el Instituto de Estudios de la Familia (IEF) de la Universidad CEU-San Pablo han presentado un magnífico informe con el título “Constitución y familia: un principio fallido”, cuyo autor es esa voz que clama en el desierto que es Alejandro Macarrón.

Recomiendo la lectura del informe, que no tiene desperdicio, para comprobar cómo la Constitución, pasados cuarenta años desde su aprobación, ha rendido prácticamente ya todos los frutos que se esperaban de ella. Y que llevaron a los más precavidos a votar en su contra. Pero ese es otro cantar.

A lo que voy hoy es a una de las realidades de la España actual que señala el informe entre otros muchos datos: en la primera Encuesta de Población Activa hecha por el INE en 1976, en nuestro país había entonces un asalariado público -funcionario o contratado- por cada 8,4 trabajadores del sector privado. Hoy, según la EPA del último trimestre del 2023, la proporción es de 1 a 4,9 (y de 1 a 3,9 de los nacidos en España, sin contar inmigrantes).

La conclusión es clara: si sigue la tendencia, dentro de poco papá estado nos mantendrá a todos, pobres y sumisos. O como dice más académicamente Alejandro Macarrón, un número cada vez menor de trabajadores del sector privado, exprimidos a impuestos directos e indirectos, mantendrán a todos los demás.

La derecha y ultraderecha, que llama Sánchez, reivindica frente a todo ello un liberalismo económico que devuelva libertad a la iniciativa privada como cortapisa a la voracidad estatal. La voz más elocuente es la del ultraliberal presidente argentino Milei -creo que él mismo se califica así-, al que Vox ha rendido recientemente honores en Madrid.

Es curioso que el liberalismo se presente como la solución frente al moderno crecimiento metastásico del estado, cuando han sido sus principios los que, destruyendo los cuerpos sociales intermedios, han dejado al individuo solo e indefenso frente al moderno Leviatán que hoy lo invade todo.

Milei se declara partidario de privatizar cuanto más mejor la economía y de desmontar toda intromisión estatal en el mercado, que debe regirse por sus propias leyes.

Todo ello pone de actualidad un tema que ya me llamó la atención al escribir recientemente la biografía de María Rosa Urraca Pastor, esa combativa margarita tradicionalista que se enfrentó a los postulados ideológicos de la II República: el del profundo sentido social del tradicionalismo, como una diferencia radical frente al conservadurismo liberal, representado en su día por la CEDA y hoy por el PP (y, parece ser, que también por Vox, si juzgamos por su entusiasmo por las propuestas de Milei).

Los años treinta estuvieron marcados por la lucha de clases. El proletariado, jaleado por el socialismo, se lanzó contra la propiedad privada y el orden burgués que les condenaba a la pobreza y la marginación. Solo el tradicionalismo supo denunciar las injusticias que se escondían detrás de la situación de los trabajadores y defendió la necesidad de atender a las causas, originadas por el liberalismo, que les empujaba a la revolución.

Juan Luís Lorda, en ese pequeño libro de lectura indispensable que se titula “Moral. El arte de vivir” (Ediciones Palabra, 2006), señala los dos grandes pilares en los que se asienta la economía liberal. Principios que hoy se han impuesto universalmente en las sociedades occidentales. Y no porque sean principios necesarios, aunque su eficacia para el desarrollo económico sea incuestionable.

El primero es que el mercado debe funcionar por la ley de la oferta y la demanda, a la que se somete a todos los elementos de la vida económica, incluido la mano de obra, el factor humano, al que el liberalismo pretende tratar como una mercancía más. Frente a ello, la intervención del estado para ordenar y evitar los abusos es indispensable, y sin ello las injusticias sociales no harían más que generalizarse.

El segundo principio clave de la economía liberal, según Juan Luís Lorda, es el concepto de sociedad anónima, cuyo estadio final son los grandes conglomerados multinacionales de Wall Street (o nuestro más modesto Ibex).

Lo característico de estos imperios económicos es que son entidades económicas donde el elemento fundacional más importante es el dinero, el capital anónimo que, sin ser una persona, adquiere personalidad propia y se convierte de hecho en el protagonista principal de la vida económica. Detrás de ese capital ya no hay “propietarios” ·, en el sentido humano del término, sino “accionistas” o “inversores”, cuya relación con la vida de la empresa se limita a recibir periódicamente el rendimiento económico de su actividad, sin saber muchas veces si esta se dedica a fabricar jabones o a vender paquetes turísticos.

La expresión máxima de todo esto, que hoy se llama economía financiera, es el llamado mercado de valores, en el que la propiedad de las acciones va pasando de mano en mano al vaivén de los movimientos especulativos.

El resultado es que la relación de propiedad de una determinada empresa por parte de los inversores queda reducida a un único elemento: la presión sobre los profesionales, en cuyas manos se ha dejado la gestión de la empresa, para que maximicen el rendimiento económico. Otras consideraciones quizás puedan tener cabida, pero siempre y cuando no afecten al criterio fundamental de rendimiento.

La consecuencia de estos dos pilares del liberalismo económico es que, como señala Lorda, la vida económica parece un inmenso mecanismo que se mueve exclusiva y casi automáticamente por el criterio del beneficio. No tiene en cuenta ningún otro bien. Es ciego para cualquier otra cosa.  “Los negocios son los negocios”, parece la única máxima moral del liberalismo económico.

Lo estamos viendo hoy en día cuando se defiende la concentración del sector bancario, aunque conlleve la destrucción masiva de puestos de trabajo.

La dinámica de lo que Juan Manuel de Prada llama el anarcocapitalismo, asentado sobre estos principios, está produciendo hoy la concentración de los bienes económicos mundiales en cada vez menos manos, y en unas manos cada vez más insensibles a la justicia social, a las verdaderas necesidades humanas, y al respeto a los recursos naturales del planeta.

Frente a los principios económicos del liberalismo, la doctrina social de la Iglesia sostiene que, como decía Juan Pablo II, las personas están siempre por encima de las cosas. O, dicho de otro modo, que la propiedad tiene una función social y que hay un destino universal de los bienes, dos principios irrenunciables del derecho natural.

Juan Manuel de Prada recordaba que Pio XII decía que los auténticos amigos de los pobres no eran los comunistas ni los socialistas, sino los tradicionalistas. Repásense los discursos ante obreros y campesinos de María Rosa Urraca Pastor, Ginés Martínez y otros oradores tradicionalistas en tiempos de la II República y podrán entender por qué.

La doctrina social cristiana, y con ella el tradicionalismo, defienden una economía en la que la persona es el centro y un derecho de propiedad inseparable del vínculo y el compromiso.

Por eso, también en economía, somos antiliberales.