8 de enero de 2019 1 andalucia / c's / pp / VOX

¿Merecen la pena las exigencias de VOX en Andalucía?

Como sabemos, Andalucía corre el riesgo de ser escenario de una repetición electoral autonómica, dada la cerrazón de la “falsa derecha” que representa C’s a llegar a acuerdos con VOX, liderado allí por el abogado y ex juez de familia Francisco Serrano. Es más, los naranjas acordaron con el PP un decálogo de medidas no escépticas hacia el big government, el Estado autonómico y el marxismo cultural.

Lo que se negoció resultaba invotable para VOX salvo interés y descuido traducido en traición a esos 400.000 andaluces que el pasado día 2 de diciembre se decantaron por la emergente formación de derechas. Pues bien, parece que son conscientes de que han de ser útiles para quienes han ido optando por apoyarles electoralmente, por lo que han presentado un decálogo de medidas a exigir a PP y C’s para poder investir a Moreno Bonilla.

El documento, publicado en el portal web de la formación verde, consta con una serie de medidas que no se volverán a citar, ya que no tendría sentido alguno perder el tiempo en ello. Más bien, las analizaremos punto por punto, para valorarlas como corresponda y sea conveniente, bajo el más absoluto espíritu de crítica y analítica independiente.

En relación al primer punto, si bien es totalmente plausible exigir que se elimine del estatuto autonómico el término “realidad nacional”, que es una mera concesión a los hispanófobos plurinacionalistas y al testimonial andalucismo. Ahora bien, en relación a las propuestas de competencias, he de manifestar una reflexión algo más detallada, que no requiere simplismos.

Ciertamente, cuando el poder judicial no está totalmente descentralizado, no tiene sentido alguno una Consejería de Justicia e Interior (la policía autonómica andaluza es una mera unidad adscrita al Cuerpo Nacional de Policía, que responde al capricho estatista de “venta del cielo”. Pero cuando hablamos de Sanidad y Educación, la cuestión es otra.

No ha de preocuparnos qué clase de burócratas asumen el rol de planificadores centrales a la hora de gestionar servicios básicos para el bienestar de los ciudadanos. El problema es que los ciudadanos no deben de estar obligados a financiar servicios que igual no les convencen. El mercado ha de proveer varias ofertas, de modo que el individuo se decante por el más conveniente, ya sea la calidad, el precio o ambas cosas lo que valore.

En relación a la segunda propuesta, hay que decir que lo imprescindible es que dentro de la esfera política y la sociedad civil, haya personas que no se dobleguen ante las tropas marxistas y las hordas soristas, estando dispuestas a seguir defendiendo aquello en lo que creen (aunque se les anima a ejercer el derecho de querella ante amenazas y calumnias, lo cual no tiene nada que ver con la mera crítica o protesta pública).

En relación al tercer punto, acertado es suprimir las subvenciones a asociaciones ideológicas -pero es que, desde ya, ninguna organización no gubernamental, ni entidad activista y cívica, ni partido político debería de recibir nada, ni siquiera el 0‘01% del dinero del contribuyente- y tratar de suprimir entes que no acrediten su utilidad pública.

No obstante, no solo hay que recortar determinadas partidas de gasto en la medida en las que pueda desempeñar los respectivos roles el Gobierno Central. El problema es la hipertrofia estatal, habiendo de abogar por hacer podas lo más drásticas posibles tanto a nivel autonómico como nacional. Pero, ¿no funcionaba mal el Estado autonómico?

Nadie duda de que el actual modelo de Estado no es sino un entramado de 17 pequeños Estados férreamente intervencionistas y centralizados, que en su mayoría no tienen ninguna clase de incentivo para la responsabilidad fiscal, dado el modelo de financiación redistributivo que funciona, en parte, gracias al susodicho Fondo de Liquidez Autonómica.

Así pues, las claves son dos: acabar con el intervencionismo voraz de los Estados al mismo tiempo que hay que abogar por un modelo de descentralización basado en el foralismo, a todas las escalas (llegando a la municipal). Fragmentar el poder político es positivo ya que fomentas cierta competencia y reduces el ámbito de expansión de las maniobras ejercidas por el burócrata de turno.

En relación al cuarto punto, mientras que se es favorable a reducir el tramo autonómico del IRPF (penalización al trabajador), a implementar desgravaciones fiscales para ayudar a las familias, ¿por qué no bonificar al 100% (o al 99’9% si la ley lo impide) el Impuesto de Sucesiones y Donaciones? ¿Por qué no se elimina el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y dejamos de mantener como medio “de control” el de Patrimonio?

En relación al quinto punto, cabe indicar que, dentro de lo que más o menos puede hacer un gobierno autonómico, se es consciente de la importancia de controlar la inmigración, anulando el “efecto llamada” y reforzando la vigilancia policial a estos respectos. Es incluso acertado poner freno a un tráfico de personas emprendido principalmente por las entidades controladas por George Soros.

En relación al sexto punto, aplaudo totalmente que se quiera eliminar ese costoso comité soviético conocido como Consejo Audiovisual de Andalucía y que se quiera proceder a liberalizar el régimen de concesión de licencias de radio y televisión. En realidad no debería de haber ninguna traba, igual que cuando uno compra un dominio y lanza una página web para intereses personales o empresariales. Pero hay que cerrar toda TV estatal.

En cuanto al séptimo punto, me congratulo de que empiecen a plantearse, en el plano político, respuestas al grave problema del invierno demográfico. Hay que promover la natalidad, pero para ello no hay que crear nuevas estructuras burocráticas ni reforzar el Bienestar del Estado. Solo basta con la acertada idea de reducir la presión fiscal y tratar de flexibilizar el mercado laboral. El intervencionismo económico es antinatalista.

Eso sí, no veo nada contrario a la ética en que se pretenda asistir a las embarazadas para que no opten por lo que viene a ser el asesinato de ese futuro hijo que aún no ha nacido. Ahora bien, hay que exigir la retirada de financiación estatal para cualquier tipo de aborto (incluso la ilegalización, aunque una autonomía no tiene competencias en legislación penal).

En cuanto a los cuidados paliativos, me parece ético que dentro del sistema sanitario público (a cuya existencia me opongo) se promuevan los ciudados paliativos, para ayudar al enfermo a vivir sin dolor, en vez de promover las técnicas eutanásicas. Ahora bien, echo en falta una petición de derogación de la Ley de Muerte Digna de Andalucía, que abre el camino a un requisito más de la cultura de la muerte.

En relación al décimo apartado, si bien es plausible que se respete el derecho de los padres a no elegir enseñanzas basadas en teorías culturalmente marxistas y a optar por la educación no estatal, hay que reivindicar la liberalización curricular y mayores deducciones fiscales, de tal forma que se fomente la libre elección y los políticos dejen de tener cualquier clase de control sobre la enseñanza.

En relación al onceavo apartado, es plausible que se retiren las subvenciones a asociaciones islámicas y que se pida a las autoridades islámicas que colaboren en la identificación de yihadistas. Pero no debemos dejar de insistir en que hay que exigir a los musulmanes que respeten los valores occidentales, las leyes y las tradiciones de la sociedad que les ha abierto la puerta.

En relación a los puntos número 12, 16, 17 y 18, cabe señalar que existen leyes ideológicas que, por ende, merecen ser derogadas, como la de la Memoria Histórica, Violencia de Género y LGTBI. Estas buscan dividir a los españoles blanqueando a la izquierda del Frente Popular (demonizando a todos sus disidentes), vulnerar derechos y libertades, discriminar al hombre heterosexual y adoctrinar en base a la ideología de género.

En relación al apatado treceavo, me parece una buena idea vincular la fiesta autonómica a la Toma de Granada, que rememora un elemento clave de la Reconquista cristiana, reconociendo así que eventos de magna relevancia tuvieron lugar en Andalucía. El 28 de febrero simplemente se celebra el aniversario de aprobación de un artificio iuspositivista e inservible más.

En relación a las propuestas 14 y 15, hay que decir que para defender el ejercicio de la libertad en base al cual se desarrolla la actividad cinegética y taurina, y se celebran actividades tradicionales (no necesariamente religiosas), no bastan más disposiciones legislativas, sino con que no haya intromisiones políticas ni se vulneren los derechos de libertad y propiedad privada.

Una vez analizadas las propuestas de este decálogo, si bien supone un considerable desafío al statu quo progre-socialdemócrata, creo que hay que ser más reivindicativo en pos del respeto a la santidad de la vida humana (derecho esencial, desde la fecundación hasta la muerte natural) y buscar una sociedad civil fuerte que ejerza intercambios sin ningún obstáculo.

Aunque podemos criticar los defectos del Estado autonómico, hay que decir que no conviene fortalecer al Gobierno central, sino promover descentralización real y efectiva, así como desafiar cualquier clase de intervencionismo político. El Estado en sí no deja de ser una entidad problemática, y hay que tratar de que, en cualquiera de sus expresiones, puesto a existir, no nos complique la vida.

Para finalizar, he de decir que no me ha llevado a redactar este escrito una actitud de tiquismiqui ni cualquier otro criterio personal, sino la intención de hacer análisis críticos, valorando las fortalezas y las debilidades, en pro de la libertad, la dignidad humana, la tradición católica y la Hispanidad. Me debo a mis principios, y en base a ellos también me reservo el derecho a disertar sobre cuestiones andaluzas, sin ánimo de mera injerencia.