Dimos comienzo a la penúltima semana de este mes de enero del año 2019 con una huelga indefinida de taxis en las dos principales ciudades españolas: Madrid, capital de España, y la Ciudad Condal, capital de la región de Tabarnia. El motivo no ha sido otro que una reacción contra los servicios de transporte provistos por la llamada “economía colaborativa”.
Hemos tenido constancia, a través de las redes sociales, de que la manera de la que están protestando les está acarreando una deslegitimización en la medida en la que recurren a la coacción y a la violencia. Agresiones a periodistas y usuarios de VTC, amenazas de cierre fronterizo con Francia y cortes de carreteras son algunos ejemplos de ello.
Por lo tanto, se puede decir además que el gremio ha degenerado en ello, igual que en su razón de existir a día de hoy. Pero, ¿no es una muy considerable contradicción defender el principio de subsidiariedad y oponerse a la institución gremial de manera tan tajante? Antes de responder al interrogante, insto a evitar que los árboles nos impidan ver el bosque.
Sin duda, defiendo el principio en cuestión, y confío en los cuerpos intermedios, que contribuyan a limitar muy considerable el expansivo poder de los Estados. Entre estos podemos encontrar algunos como las familias, las asociaciones de vecinos, los clubes de mayores y las comunidades religiosos. Los gremios también figura entre los mismos, mejor dicho, en la concepción que muchos tienen de este principio.
¿Pero no eran un obstáculo los gremios para el libre mercado? Para comenzar, cabe resaltar que estos entes, que datan de la era medieval, echan sus raíces en un concepto pre-cristiano de sociedades de ayuda mutua, tal y como puntualiza el director de Investigaciones del Acton Institute, Samuel Gregg. Empero, a día de hoy, los gremios como tal no existen.
Podemos hablar de gremios, sí, pero no se encargan a día de hoy de representar en sí a trabajadores voluntariamente adscritos (respetando la libre asociación) ni de gestionarles asuntos relacionados con la sanidad, la resolución de conflictos y las jubilaciones. Más bien son lobbies de presión de carácter proteccionista que velan por la garantía de monopolios, con la connivencia de los burócratas de turno.
Así pues, el problema no es que pudiera existir el gremio en su concepción medieval, sino que haya una férrea oposición a la libertad de los ciudadanos para decidir qué servicio de transporte contratar y para considerar si ganarse la vida (u obteniendo una cuantía de ahorros) poniendo a disposición su vehículo para transportar a más gente, a cambio de una cuantía, por ejemplo, cuando se vuelve a la casa del pueblo por ser fin de semana.
De hecho, más justo sería tener en cuenta a esos taxistas que se quejan del elevado coste del sistema de licencias así como del hiperregulado sistema tarifario (esos trabajadores también sufren la voraz presión fiscal y burocrática ejercida por el Estado) en vez de protestar contra la libre competencia (más bien, le preocupará no poder competir con servicios como Uber y Cabify en ciudades como Barcelona).
Por lo tanto, al mismo tiempo que se respeta el derecho a la libre asociación (en base a la subsidiariedad) y se condenan los actos de violencia, reivindico la liberalización del taxi (aboliendo los sistemas de licencias y de tarifas reguladas), pero no para que desaparezca, sino para que pueda competir con la economía colaborativa, ya sea con autónomos o empresas. Las regulaciones perjudican al ciudadano, sin beneficiar a nadie.